REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos

ISSN: 1885-8031

 

https://dx.doi.org/10.5209/REVE.82253

 

Las Empresas B (B Corps) y la regulación de las sociedades con propósito (benefit corporations) en Derecho comparado[1]

Ana Montiel Vargas[2]

Recibido: 13 de enero del 2022 / Aceptado: 21 de febrero del 2022 / Publicado: 27 de junio del 2022.

Resumen. Este estudio tiene por objeto analizar algunos aspectos de las Empresas B (conocidas por la abreviatura B Corps), un tipo de empresas que estatutariamente reconocen la orientación de su actividad hacia la consecución de intereses distintos al estrictamente económico. Estas empresas integran el conocido como “movimiento B”, impulsado por la fundación B Lab, la cual certifica con un sistema de medición propio el impacto social y medioambiental de estas entidades. Tras una introducción a este fenómeno empresarial, se expondrá el origen, evolución y expansión de las B Corps en distintos países del mundo. También, se abordará el proceso de obtención de este sello privado en las diferentes áreas en las que se divide la Evaluación del Impacto B: gobernanza, trabajadores, comunidad, medio ambiente y clientes. Posteriormente, se valorarán las diferentes obligaciones contractuales y societarias necesarias para conseguir la acreditación B Corp, deteniéndonos en las teorías que definen el objeto social de una sociedad y analizando la posibilidad de que estas regulen estatutariamente la consecución de fines distintos a los económicos. Finalmente, debido a la obligación impuesta por B Lab, las empresas B Corp que se certifiquen en un país en el que exista una legislación benefit corporation tendrán que adoptar este estatuto jurídico, lo cual nos dará paso a la contraposición de las B Corp, y las benefit corporations o sociedades con propósito; concluyendo este apartado con un análisis comparado de las legislaciones existentes que normativizan esta figura.

Palabras clave: Medición del impacto; Empresas sociales; Cuarto sector; Interés social; Objeto social; B Lab.

Claves Econlit: G34; K29; M14; Q01.

[en] B Corporation (B Corp) analysis and cross law comparison study of the benefit corporations

Abstract. The objective of this paper is to break down B Corporations (usually known by the abbreviation B Corps), companies whose bylaws recognize the orientation of its activity towards the pursuit of interests other than the strictly economic one. These companies, which are part of the private “B movement” promoted by the B Lab foundation, have been certified in terms of social and environmental impact with its own measurement system. Once an introduction to this entrepreneurial phenomenon has been given, the origin, evolution, and expansion of the B Corps in different countries around the world will be outlined. It will also be addressed the process of obtaining this private seal in the different areas in which the B Impact Assessment is divided: governance, workers, community, environment, and customers. Furthermore, the different contractual and corporate obligations necessary to achieve B Corp accreditation will be assessed, focusing on the theories that define the corporate purpose of a company and analyzing the possibility of regulating the achievement of purposes other than economic ones on its bylaws. Finally, due to the obligation imposed by B Lab, B Corps which are certified in a country with benefit corporation legislation enacted, will have to adopt this legal status. This will lead us to make a comparative analysis between B Corp and benefit corporations; concluding this section with a comparison of the different legislations that regulate this figure.

Keywords: Impact measurement; Social enterprises; Fourth sector; Social interest; Company purpose; B Lab.

Sumario. 1. Introducción. 2. Movimiento B. Origen, estructura y desarrollo. 3. Procedimiento para obtener la acreditación B Corp. 4. Obligaciones contractuales y societarias de las B Corp. 5. Consideraciones finales. 6. Referencias bibliográficas.

Cómo citar. Montiel Vargas, A. (2022) Las Empresas B (B Corps) y la regulación de las sociedades con propósito (benefit corporations) en Derecho comparado. REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos, vol. 141, e82253. https://dx.doi.org/10.5209/REVE.82253.

1. Introducción                                                                                                                

En los últimos años, en especial tras la crisis económica mundial de 2008, se ha intensificado el debate de cómo deben ser las empresas del futuro, experimentando a su vez un incremento en el desarrollo de las empresas sociales en todo el mundo. Junto a un crecimiento en número e importancia de las empresas de la tradicional economía social (cooperativas, mutualidades, fundaciones, etc.), desde hace unos años han aparecido nuevas fórmulas de emprendimiento social (como son las low profit limited liability corporation, las empresas de la economía de la comunión, etc.)[3]. También en la última década, especialmente en Europa, ha habido un intenso proceso de regulación legal de las empresas sociales, a veces incluida en el catálogo de empresas de la economía social y otras con una regulación especial y autónoma[4].

Sin entrar en la gran diversidad de conceptos doctrinales y legales de la empresa social, algo que desborda de largo los objetivos de este estudio, podemos señalar como punto de referencia el contenido de la Comunicación de 2011 de la Comisión Europea titulada “Iniciativa en favor del emprendimiento social. Construir un ecosistema para promover las empresas sociales en el centro de la economía y la innovación sociales”, conocida como la Social Business Initiative. Esta Comunicación, muy influenciada por los trabajos de la red de EMES[5], definía a la empresa social como “una empresa cuyo principal objetivo es tener una incidencia social, más que generar beneficios para sus propietarios o sus socios. Funciona en el mercado proporcionando bienes y servicios de manera empresarial e innovadora y utiliza sus excedentes principalmente para fines sociales. Está sometida a una gestión responsable y transparente, en concreto mediante la asociación de sus empleados, sus clientes y las partes interesadas”. Por poner uno de tantos ejemplos doctrinales de empresa social, recogemos la definición de empresa social de Muhammad Yunus, economista de Bangladesh galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2006 por la implementación del concepto de microcrédito a partir de 1974 y fundación del Banco Grameen (aldea en su idioma natal) en 1983, que simplemente la definía “como una empresa sin pérdida y sin dividendos diseñada para abordar un objetivo social” (Yunus, 2010:13).

El objetivo general de este estudio es exponer el fenómeno B Corp, un tipo de empresas sociales encuadradas en el cuarto sector, que surgieron hace apenas unos años, destacando por su gran extensión internacional lo cual contrasta con los escasos estudios doctrinales existentes sobre la materia. Las B Corp, son empresas que han recibido la certificación privada otorgada por su fundación B Lab y que, por tanto, han superado el proceso necesario para recibir tal acreditación. En primer lugar, se introducirá el origen del movimiento B con la creación de la fundación B Lab y, a continuación, se procederá a analizar la expansión internacional de este fenómeno empresarial. En segundo lugar, se analizará la Evaluación del Impacto B, herramienta utilizada para la medición del impacto de cada empresa y evaluar el cumplimiento de fines económicos, sociales y medioambientales. Siguiendo el esquema de acreditación, una vez que la empresa completa la Evaluación del Impacto B, recibirá el Informe de Impacto B, y podrá proceder a la firma de los Acuerdos para Empresas B Certificadas, de los que derivan derechos y obligaciones que también trabajaremos. En particular, nos detendremos en analizar las obligaciones societarias imprescindibles para la acreditación, tales como la modificación del objeto social, necesaria para amparar la búsqueda de otros intereses a la par que los económicos, y la protección de los administradores sociales. Estos puntos nos permitirán profundizar en el debate doctrinal del interés societario y la modificación estatuaria del objeto social, tomando de base nuestro ordenamiento jurídico, y comparándolo con otros de nuestro entorno. Finalmente, concluiremos diferenciando la figura de las B Corp y las benefit corporations, y estudiando esta última en Derecho comparado.

Las B Corp, son un fenómeno cada vez más extendido a lo largo del mundo, en la actualidad (octubre, 2021) existen 4.448 entidades acreditadas, distribuidas en 153 industrias distintas, presentes en 77 países del mundo. Resulta de interés realizar un estudio detallado en el que se analice tanto su constitución, como su situación jurídica desde el punto de vista del interés societario en el Derecho mercantil. Así mismo, desde el año 2010, surgen superando si cabe, el revuelo causado por la anterior figura, las benefit corporations, las cuales, son entidades reconocidas jurídicamente por algunos ordenamientos, que crean una estructura legal para sociedades que responden a requisitos muy parecidos a las B Corp privadas, aunque sin que sea exclusivamente para ellas.  Por lo tanto, tenemos ante nosotros dos formas híbridas societarias, similares, pero que presentan diferencias importantes que requieren de un estudio detallado.

2. Movimiento B. Origen, estructura y desarrollo

En 2006 en Estados Unidos, Jay Coen Gilbert, Bart Houlahan y Andrew Kassoy, tras ver los efectos y consecuencias sociales que tuvieron en su entorno local las ventas a multinacionales de las empresas que habían creado, en especial la cancelación de contratos con proveedores y trabajadores, iniciaron la búsqueda de un modelo de negocio diferente con preocupaciones más allá de lo económico[6]. Tras barajar distintas opciones, en 2006 crearon la fundación B Lab en la ciudad de Pensilvania (Blanco, Romero, Gómez, & Vizcaíno, 2018:81). El objetivo de esta organización sin ánimo de lucro [constituida bajo la Sección 501(c)3 del U.S. Code], era promover la creación y el desarrollo del movimiento B Corps con la idea de cambiar la forma de hacer negocios entre las empresas y generar un impacto social y medioambiental positivo (Marquis, 2020). La letra “B” indica benefit, lo cual se traduce en obtener un beneficio para la sociedad, más allá del propio lucro que responda únicamente a intereses de los accionistas, combinando así objetivos sociales y económicos (Suntae, Karlesky, Myers & Schifeling, 2016).

B Lab define a las B Corps como aquellas “empresas cuyos accionistas asumen la gestión de impactos sociales y ambientales con el mismo rigor que los financieros; aprueban una evaluación externa fundada en parámetros globales, robustos y reconocidos, y modifican la responsabilidad fiduciaria en la constitución legal de la empresa, para incluir el compromiso de considerar los intereses no financieros al mismo nivel que los financieros y tener impacto positivo en la sociedad y la naturaleza”[7].

2.1. B Lab y la expansión internacional del movimiento B

B Lab es la organización internacional que se encarga del asesoramiento, apoyo y de otorgar finalmente las certificaciones B Corp, así como de la supervisión y control posterior de las mismas. Se financia por la cuota anual de las empresas que se certifican y por inversiones privadas. B Lab se estructura en torno a tres órganos: el Board of Directors (Junta Directiva o Consejo de Administración), el Global Governance Council (Consejo de Gobernanza Global) y el Standards Advisory Council (Consejo Asesor de Normas). El Board of Directors nombra a los consejos asesores para asegurar la continua incorporación de las mejores ideas y prácticas en la misión y actividades de B Lab y tiene la última autoridad en la toma de decisiones. El Global Governance Council está compuesto por los representantes de cada organización global asociada (EE. UU. y Canadá, etc.) y del Board of Directors, este incluye entre sus responsabilidades la expansión global del movimiento B Corps. Por su parte, el Standards Advisory Council está formado por veinte miembros independientes, entre los que destacan expertos académicos y profesionales que crean y supervisan los parámetros de desempeño utilizados para certificar las B Corps[8].

A nivel internacional, B Lab ha creado una red de instituciones afiliadas B Lab Global Partners, para apoyar y desarrollar el movimiento B Corp alrededor del mundo. Actualmente, existen filiales de B Lab en Latinoamérica (que se denomina Sistema B)[9], en Estados Unidos y Canadá (B Lab U.S. y Canada)[10], en Reino Unido (B Lab UK)[11], en Oceanía (B Lab Australia & New Zealand)[12], en Taiwán (B Lab Taiwan)[13] y en la Unión Europea (B Lab Europe)[14]. Además, B Lab cuenta con B Market Builders, a modo de filiales en la zona del Este Asiático, en cuyos países el movimiento aún está creándose, como es el caso de Japón, China, Corea, Singapur y Hong-Kong.

Existen también otro tipo de entidades que promueven y desarrollan el movimiento B Corp que se pueden subdividir en dos grupos. El primero serían las distintas fundaciones representantes de B Lab en algunos países concretos (B Lab Spain[15], B Lab Benelux[16], B Lab Denmark[17], B Lab France[18], B Lab Italy[19], B Lab Switzerland[20], B Lab Germany[21], B Lab Protugal[22], Sistema B Argentina[23], Sistema B Brasil[24], Sistema B Chile[25], Sistema B Colombia[26], Sistema B Ecuador[27], Sistema B México[28], Sistema B Paraguay[29], Sistema B Perú[30] y Sistema B Uruguay[31]) o grupos de países (como ocurre con Sistema B en América Central y Caribe[32], y B Lab East Africa[33]), que acompañan a las empresas en proceso de evaluación, realizan talleres, eventos, jornadas y desarrollan alianzas con otras entidades y programas de interacción con la ciudadanía. El segundo grupo englobaría determinadas asociaciones creadas para fines específicos, como por ejemplo es el B Lawyers Group (cuyo objetivo principal es el estudio de los aspectos jurídicos y fomento de la regulación legal de las B Corps en distintos países) y la Academia B[34] (biblioteca digital formada por publicaciones y estudios relacionados con las empresas B).

Las empresas B se han ido extendiendo por todo el mundo y en la actualidad (diciembre, 2021) existen 4.449 entidades acreditadas, estando presentes en 77 países del mundo[35]. De estas, 1.611 están domiciliadas en EE.UU., 1100 en Latinoamérica y 1.146 en Europa (de las cuales 114 se encuentran en España). Varias multinacionales han recibido la certificación B Corps, como ocurre con Patagonia, conocida por sus prendas de ropa sostenibles y sus iniciativas medioambientales; y Ben & Jerry´s, empresa de helados que apuesta por las comunidades locales de ganaderos y agricultores y por políticas sociales y medioambientales de manera activa. Algunos ejemplos entre las más de cien Empresas B españolas son los siguientes: Alma Natura, empresa cuyo objetivo es reactivar las zonas rurales y revalorizar la vida en el campo a través de la tecnología, la educación, el empleo y la salud; 21Gramos, agencia de branding y comunicación especializada en sostenibilidad, conocida por su apoyo a sus trabajadores con iniciativas de conciliación de la vida personal y laboral y por sus programas en contra del acoso y el abuso; WorldCoo, plataforma online que ayuda a las ONG a conseguir los recursos económicos necesarios para llevar a cabo proyectos sociales y medioambientales; Bikonsulting, una cooperativa abierta de consultores, impulsores del cambio en el sistema hacia el bien común; o Farmidable, una empresa que ofrece un nuevo modelo de consumo y distribución responsable y sostenible de productos frescos, locales y naturales.

3. Procedimiento para obtener la acreditación B Corp

A continuación, se expone el procedimiento para obtener el certificado B Corp por las empresas interesadas en adquirirlo[36]. Para ello es necesario que la empresa logre la certificación otorgada por la organización certificadora oficial del lugar donde la empresa está domiciliada, ya sea por el Sistema B (únicamente en Latinoamérica) o por B Lab (en todas las demás partes del mundo). El procedimiento de obtención de dicha acreditación es relativamente sencillo ya que la empresa, que debe llevar constituida al menos 12 meses[37], tiene que someterse a la Evaluación de Impacto B (B Impact Assessment), contestando a unas 175 cuestiones distribuidas en las cinco áreas en las que se divide la evaluación. Hay que destacar que no todas las respuestas tienen la misma puntuación o valoración. Las cuestiones a veces son de respuestas del tipo sí o no, pero la mayoría ofrecen varias opciones y, cuantas más opciones se seleccionen, más valoración se obtiene en dicha pregunta. Por último, destacar que la certificación B Corp cumple con todos los estándares que requiere una auditoría (Campos-i-Climent, 2016) ya que consiste en una adaptación del Balanced scorecard (Kapplan & Northon, 1996[38])[39].

3.1. La Evaluación del Impacto B

Las cinco áreas de la Evaluación de Impacto B son las siguientes: gobernanza, trabajadores, comunidad, medioambiente y clientes, que a continuación pasamos a analizar.

3.1.1. Gobernanza

La gobernanza de una empresa, entendida como fuente y origen de las decisiones que se toman en su seno y que corresponden a los órganos y personas que dirigen la entidad, es uno de los aspectos más valorados en la medición de impacto B (25 cuestiones y de ellas 15 puntuables para la evaluación). Este análisis tiene como objetivos principales: identificar la misión de la empresa, el compromiso existente en los grupos sociales del entorno, el plan corporativo (estructura y actuación) y la transparencia.

En un primer apartado, el cuestionario va dirigido a obtener una descripción del compromiso de la compañía, en términos de prioridades, enfatizando el impacto social y medioambiental que se genera. El primer punto que se analiza es si la empresa cuenta con una “declaración de la misión” por escrito, que se define como una declaración pública, comunicada formalmente a los empleados de la empresa. Además, se valora que incluya un compromiso general de responsabilidad social o ambiental o un impacto positivo específico en estos ámbitos (por ejemplo, reducir los desechos a través de productos reutilizados para otros fines o un compromiso para atender a un grupo de beneficiarios en situación de vulnerabilidad). Un aspecto esencial en esta parte de la evaluación es conocer el procedimiento que la empresa utiliza para identificar, medir y gestionar los problemas sociales y ambientales más significativos relacionados con sus operaciones y su modelo de negocio. Esto es lo que se denomina la materialidad del compromiso social y ambiental de la empresa. Para la valoración de esta materialidad, podemos basarnos en varios métodos como son la realización de un seguimiento de las métricas de impacto, la realización  y evaluación de la materialidad en este ámbito, o el establecimiento de objetivos de desempeño y medición de los resultados sociales y ambientales significativos en relación con los indicadores claves de desempeño (KPI, abreviatura de key perfomance indicator), que son unidades de medida que permiten a una empresa conocer el nivel de cumplimiento de unos objetivos previamente establecidos (Schwarzbichler, 2018).

La ética y transparencia de la empresa son principios de enorme relevancia en esta evaluación. Se valora muy positivamente que la empresa tenga un “código de ética”, esto es, un documento formal en el que se establecen los valores y la forma de actuar de la empresa en estas cuestiones. En concreto, se pregunta en la evaluación si en dicho código se prohíbe cualquier tipo de cohecho, incluidos los sobornos, obsequios o pago de comisiones indirectas (soft dollars) para conseguir contratos; si existe una política de supervisión de las contribuciones a personas, entidades e instituciones (grupos de lobby, organizaciones benéficas, etc.) y patrocinios; y si hay una divulgación pública de las mismas. También se evalúa la accesibilidad al código ético por parte de los empleados y a las acciones formativas que la empresa desarrolla en esta materia. Por último, cabe indicar, que es muy apreciada la existencia de sistemas de prevención y denuncia de actos de corrupción (como por ejemplo que haya herramientas de apoyo y orientación a través de encuestas de autoevaluación para los departamento de alto riegos o mecanismos anónimos para denunciar sospechas y agravios),  controles de sus estados financieros (el que sean verificados anualmente a través de un proceso de auditoría, que se apliquen controles financieros con el fin de conocer el riesgo de fraude y los desembolsos de dinero en efectivo).

En cuanto a la transparencia, el cuestionario pregunta si la empresa divulga públicamente y de forma anual información sobre su desempeño social o ambiental, así como su metodología. En particular, si proporciona descripciones de sus programas sociales y ambientales, si publica los resultados o indicadores de desempeño social o ambiental, si la forma de divulgar esta memoria de sostenibilidad cumple con los estándares elaborados por entidades independiente especializadas en la materia (como es GRI[40]), o si una entidad independiente ha validado o garantizado la precisión de la información divulgada.

Para completar el apartado de gobernanza, el cuestionario valora si se tiene en cuenta a sus socios en la toma de decisiones, lo cual permite obtener una mayor protección ante posibles reclamaciones de socios minoritarios por el desarrollo de actividades poco rentables en términos económicos pero beneficiosas en términos sociales.

3.1.2. Trabajadores

La siguiente sección para la obtención de la acreditación engloba las relaciones de los trabajadores con la empresa basándose en aspectos como las remuneraciones, la capacitación, la participación accionarial y el ambiente laboral (con 54 cuestiones y de ellas 40 puntuables para la evaluación). Este apartado, al igual que el anterior, se divide en cinco bloques: métricas de trabajadores, seguridad financiera, salud, bienestar y seguridad, desarrollo profesional y satisfacción y compromiso.

Inicialmente, se realizan preguntas básicas para tener información acerca del tipo de empresa analizada y la relación laboral que mantiene con sus trabajadores: número de trabajadores, tipo de retribución, fija o por horas, salarios medios, si existe subcontratación en la empresa, número y porcentaje de trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial, si la estructura de la empresa facilita la participación de los trabajadores en los órganos societarios (como ocurre en las cooperativas o en las empresas que pertenecen a los trabajadores), etc. Respecto a la “seguridad financiera” de los trabajadores, se indaga sobre la remuneración por hora más baja, el porcentaje de empleados que perciben el equivalente al salario mínimo vital y al salario mínimo oficial, y qué porcentaje por encima de este salario mínimo se le paga al empleado que recibe el salario más bajo. Igualmente, si la empresa ofrece a los empleados complementos salariales, bonos en dinero u otros beneficios (como por ejemplo el ajuste de los salarios al incremento del coste de vida), programas de ahorro (planes de pensiones, planes de jubilación) u otros servicios financieros (si concede prestamos con un bajo tipo de interés, la refinanciación de deuda o servicios de asesoramiento financiero o de declaración de impuestos).También se valora el porcentaje de empleados que recibieron acciones,  opciones de compra de acciones o participaron en planes de participación societaria en la empresa.

 

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Otro apartado esencial estudia la “salud, el bienestar y la seguridad de los trabajadores”. Por una parte, se pregunta qué tipo de atención médica de carácter público se ofrece en el país donde reside la mayoría de los empleados y qué beneficios de salud adicionales ofrece la empresa para complementarla (cobertura por discapacidad o seguro contra accidentes, seguro de vida, seguro dental privado, seguro de salud complementario privado, etc.). Se analizan las iniciativas de salud y bienestar adicionales que ofrece la compañía, como incentivar a los trabajadores a participar en actividades de salud y bienestar durante la semana laboral (programas para fomentar el uso de escaleras o para que los trabajadores vayan caminando o en bicicleta al trabajo, etc.[41]), si la empresa tiene programas y políticas de prevención de lesiones relacionadas con la ergonomía en el lugar de trabajo o si la mayoría de los trabajadores han completado en el último año evaluaciones de riesgo de salud. En este mismo apartado también se realiza un análisis de la seguridad laboral de los empleados. Para ello, a lo largo del cuestionario se enumeran una serie de ejemplos de procesos de seguridad que permiten sumar puntos a la organización de cara a la obtención del certificado, como son el análisis de zonas de riesgo y de peligros potenciales para los trabajadores ante la incorporación de nuevos materiales o equipos, el monitoreo de la calidad del aire interior, etc. Además, se tiene muy en cuenta si estas políticas de seguridad son auditadas o sometidas a inspección para garantizar la seguridad de los trabajadores.

En el “desarrollo profesional” de los empleados, que puede entenderse como la opción de crecimiento de una persona dentro de una empresa (Wilkinson, Redman, Snell & Bacon, 2010), se evalúa la accesibilidad a la capacitación o formación especializada, la política para incentivar la promoción y contratación interna, las políticas de contratación de pasantes y de personas en prácticas, así como los diferentes tipos de coaching a los propios gerentes para que dirijan mejor a sus subordinados.

Por último, respecto de los trabajadores, se analiza su “satisfacción y el compromiso”. Se destaca la existencia de un “manual del empleado” así como su contenido, por ejemplo, que incluya una declaración de no discriminación, una política contra el acoso, una declaración sobre el horario de trabajo, cuestiones sobre pagos de salarios y desempeño de funciones, procedimientos de resolución de reclamaciones, medidas disciplinarias, posibles sanciones, etc. Además, se cuestiona si se realizan encuestas de satisfacción o compromiso de los empleados de manera periódica y, en tal caso, qué porcentaje de los empleados de la empresa están satisfechos o comprometidos.  Así se analizarán las opciones de flexibilidad laboral, políticas de licencia parental o cantidad mínima de días de licencia remunerada (incluidas las vacaciones) y si se le ofrece a la mayoría de los trabajadores.

3.1.3. Comunidad

Esta tercera sección se ocupa del análisis del impacto positivo generado por el modelo de negocio de la empresa en los grupos de interés externos (stakeholders) de su propia comunidad, como son los proveedores, distribuidores, economía y comunidad local (con 44 preguntas, y de ellas 35 puntuables para la evaluación). Este apartado, se divide en cinco bloques diferentes a analizar: introducción al área de impacto en la comunidad; diversidad, equidad e inclusión; impacto económico; compromiso cívico y donaciones y gestión de la cadena de suministro. Respecto a la “introducción al área de impacto en la comunidad” hay que especificar los mecanismos con los que la empresa está generando un beneficio positivo, sustancial y específico para otras partes de interés de la comunidad en la que se inserta. Por ejemplo, si es una cooperativa propiedad de los productores, si realiza comercio justo o directo para mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos en su cadena de suministro, si tiene un modelo de micro-distribución o micro-franquicias que ofrece oportunidades económicas a grupos desfavorecidos, si dona un importante porcentaje de  las ventas o de los beneficios de la empresa a causas benéficas, y/o si explota un modelo de negocio centrado en la comunidad que apoya y construye el desarrollo económico de las comunidades locales.

Un segundo apartado de este área es la “diversidad, equidad e inclusión”, en el que se valora desde la existencia de un proceso de reclutamiento y contratación inclusivo (si la empresa evalúa currículums y solicitudes de empleo sin tener acceso a los nombres o a otras características que permitan identificar a los postulantes o si la empresa contrata personal a través de organizaciones o servicios que trabajan con personas de comunidades o sectores desfavorecidos o subrepresentadas), hasta si las instalaciones están diseñadas para cumplir con los requisitos de accesibilidad de personas con discapacidades físicas. Así como, sobre el porcentaje del personal que forma parte de una minoría racial o étnica, si son mujeres o tienen algún tipo de discapacidad, y cuántos de ellos son directivos o gerentes de la empresa.

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El tercer apartado trata sobre el “impacto económico”, donde se analiza el número de puestos de trabajo que fueron creados en el último año y se pregunta sobre el porcentaje de socios, trabajadores, proveedores y servicios bancarios que residen en la misma comunidad local que la empresa.

En el cuarto apartado, “compromiso cívico y donaciones” se valoran las prácticas de participación cívica que implementa la empresa (donaciones, inversiones destinadas a la comunidad, servicio comunitario o pro-bono, colaboración con organizaciones benéficas o participación en organizaciones comunitarias, descuentos en productos o servicios para grupos desfavorecidos, el uso gratuito de las instalaciones de la empresa para realizar eventos comunitarios, etc.). Incluso la existencia de algún compromiso formal en cuanto a donaciones benéficas o al fomento de beneficios sociales, entre los que se incluyen las contribuciones para la realización de investigaciones académicas sobre cuestiones sociales o ambientales, paneles de discusión y otros foros de debate públicos relacionados con cuestiones sociales o ambientales.

Por último, se aborda “la gestión de la cadena de suministro” y se analizan los proveedores significativos y el impacto que generan. La compañía debe indicar en el cuestionario qué tipo de control ejerce para la medición del impacto de sus proveedores (control del cumplimento de legislación, fomento de prácticas de buena gobernanza, de políticas éticas, prácticas laborales, etc.). En este apartado también se valora la existencia de un código de conducta con respecto a los proveedores que incluya políticas destinadas a incentivar un aumento de la contratación con aquellos que apoyen oportunidades laborales en grupos con subempleo crónico, que implementen prácticas de fomento y mejora del desempeño social y ambiental en su propia actividad, así como el apoyo a pequeños proveedores con dificultades o a contratistas independientes.

3.1.4. Medioambiente

En esta cuarta sección se analiza el impacto medioambiental directo e indirecto de la empresa. Esta es la más extensa de la evaluación (con 65 preguntas, de ellas 55 puntuables). En la “introducción” se solicita información a la empresa sobre su consumo de energía, su huella de carbono y su gestión de desechos, con la intención de conocer si los productos o los procesos que desarrolla ayudan a preservar o restaurar el medioambiente. En el apartado “gestión ambiental” se analiza, si las instalaciones de la empresa cuentan con un certificado de acreditación ecológica o si cumplen con los requisitos para poder obtenerlo. Así mismo, se valora de manera muy positiva la implementación de políticas de compras ecológicas de productos respetuosos con el medio ambiente, como son los productos electrónicos, alimentos, insumos de oficina, de producción, etc. En este apartado también se tiene en cuenta la existencia de un sistema de gestión ambiental (EMS) que regule la generación de desechos, el consumo energético, el consumo de agua y las emisiones de carbono. La puntuación variará en función de si éste está establecido únicamente a través de una declaración formal, si se han fijado unas metas cuantificables o si existe una auditoría dependiente o independiente (siendo esta la opción más valorada). Finalmente, también se hace referencia al porcentaje de productos vendidos que cuentan con una certificación de evaluación de impacto producido hasta su obtención, lo que se conoce como la huella de la empresa, entendida ésta como “la estela que deja una empresa si la eliminásemos por un instante”[42].

A continuación, el cuestionario se divide en dos apartados específicos según el tipo de consumo: “aires y clima” para el consumo energético y “agua” para el consumo hídrico. En el primero se analizan cuestiones relativas al consumo de energía en la empresa, tanto electricidad como calefacción y agua caliente, diferenciando en caso de que la empresa monitorice el consumo energético y fije metas de reducción de intensidad de emisiones. Además, se analiza el porcentaje de energías renovables que se utilizan en la empresa y cuáles de ellas tienen bajo impacto, es decir, aquellas cuya obtención, producción y almacenaje producen un mínimo impacto ambiental, como la eólica y la solar (Boyle, 2004:456). Otro de los puntos de mayor relevancia es la eficiencia energética de las instalaciones, puntuando la implementación de sistemas de ahorro o de eficiencia energética en las oficinas de la empresa, en sus equipos (artefactos con la certificación Energy Star, modo de ahorro de energía automático, temporizadores para monitorear la energía después del horario laboral, etc.), iluminación (luz natural, lámparas fluocompactas, sensores de presencia, reguladores de la iluminación, iluminación por tareas, etc.) y climatización (termostatos programables, temporizadores, sensores de presencia, bloqueo de la exposición solar en las paredes, ventanas de doble vidrio, etc.). Además, se analiza si la empresa y su cadena de suministro llevan a cabo la gestión de su efecto invernadero y la monitorización de sus gestiones atmosféricas y emisiones de carbono. Se valora especialmente en el cuestionario la posible reducción de estas emisiones a partir de la implementación de políticas específicas. Para concluir, se puntúa la reducción de emisiones de carbono con respecto a los transportes que los trabajadores de la propia empresa puedan generar con sus movimientos (viajes comerciales), así como la implementación de medidas para minimizarla (conducción responsable con el medio ambiente, fomento del transporte público y bicicleta) y la propuesta de medidas para compensar esas emisiones de carbono.

Respecto a los recursos hídricos, de manera parecida al punto anterior, se analiza si la empresa realiza una monitorización del suministro de agua, y la presencia de métodos de conservación en las instalaciones de la empresa, como por ejemplo es el uso de “aguas grises” (agua corriente reutilizada) para riego, la irrigación de bajo volumen o la recolección de agua de lluvia. Así mismo, puntúa positivamente si el agua utilizada por la empresa procede de fuentes recicladas y si existen políticas de diseño de minimización de este gasto. La última sección de este apartado sobre el impacto medioambiental se denomina “tierra y vida” y se centra en analizar la producción y monitorización de desechos (peligrosos y no peligrosos), sustancias químicas y la biodiversidad en la propia empresa. Igualmente, se examinan los programas de reciclaje con respecto al papel, cartón, plástico, vidrio, metal y compostaje de la empresa y de sus suministradores. Finalmente, se tiene en cuenta el envase en el que se presenta el producto generado por la empresa, siendo muy valorado el uso de materiales reciclados, libres de plásticos y de bajo impacto ambiental.

3.1.5. Clientes

El último bloque evaluado en el cuestionario gestiona el diseño de los productos generados por la empresa y su relación con la resolución de un problema social concreto, o la creación de un impacto positivo sustancial y específico para sus clientes más allá del valor normalmente provisto por sus productos o servicios. Para conseguir una valoración alta en esta área, la más breve de todas con sólo cuatro cuestiones evaluables, hay que enumerar los problemas sociales identificados, las soluciones que se ofrecen y la cuantificación de su efectiva reducción.  Para la evaluación de la “gestión de clientes”, se tiene en cuenta la relación que la empresa mantiene con estos una vez suministrado el producto o servicio. Analiza las prácticas que implementa su empresa para gestionar el impacto y el valor creado para los clientes (si ofrece garantías respecto de sus productos o servicios, si cuenta con certificaciones de calidad emitidas por terceros, si posee mecanismos para recibir comentarios o quejas de los clientes, si monitoriza el nivel de satisfacción del cliente, si tiene prácticas éticas de marketing, publicidad o compromiso con el cliente, si gestiona la privacidad y la seguridad de los datos de los clientes, etc.) y si toma alguna medida en cuanto a la gestión del impacto potencial de sus productos en los clientes/beneficiarios (monitorea los resultados y el bienestar del cliente y/o tiene un programa para incorporar estudios y feedback de los clientes al diseño del producto).

3.2. Validación del Informe de Impacto B y llamada a revisión

Una vez finalizada la Evaluación del Impacto B por medio del cuestionario descrito se obtiene el Informe de Impacto B, en el que aparece la puntuación total del impacto de la empresa en los ámbitos analizados. En caso de ser superior a 80.0 (de los 200.0 posibles), se daría por cumplido dicho requisito y podría proceder a obtener la acreditación como Empresa B. Posteriormente, ha de completarse el informe de verificación, adjuntando los documentos solicitados según las respuestas realizadas[43]. A continuación, un asesor personal de B Lab por medio de una videollamada concertada procede a la “validación del informe” y certificación de las respuestas, la resolución de dudas y la comprobación de la documentación aportada por la empresa. El asesor puede revisar la puntuación obtenida por la empresa en la evaluación, al alza o a la baja. Si ésta continúa siendo como mínimo de 80 puntos se procedería a la última etapa del proceso. En caso contrario, el asesor trabajaría con el representante de la empresa para tratar de mejorar las diferentes áreas de la Evaluación B y así poder incrementar la puntuación obtenida para una próxima evaluación.

4. Obligaciones contractuales y societarias de las B Corp

Cuando la empresa supera la puntuación mínima requerida en el Informe de Impacto B, y para finalizar el proceso de acreditación, la entidad debe suscribir determinados acuerdos con B Lab que conllevan una serie de obligaciones y derechos para la empresa.

4.1. Obligaciones contractuales

4.1.1 Acuerdo para Empresas B Certificadas

El Acuerdo de B Corp[44], Acuerdo para Empresas B Certificadas^MR (Certified B Corporations^TM en inglés) es el contrato suscrito entre B Lab y la empresa interesada en obtener la calificación de Empresa B, el cual recoge los derechos y las obligaciones de las partes.  El acuerdo se inicia explicando quién es B Lab, los estándares de desempeño socio-ambiental, transparencia pública y responsabilidad legal que exigen y la misión que cumplen como impulsores de B the Change Media. La duración de la credencial otorgada es de dos años. Transcurridos estos, la empresa tiene que realizar un proceso de recertificación, sometiéndose de nuevo a la Evaluación del Impacto B.  Además, durante los dos años como empresa B Corp, puede ser seleccionada (con una probabilidad del 20% de entre todas las empresas certificadas) para someterse a la revisión in situ de su Evaluación de Impacto B. Esta se configura como una revisión de mayor precisión de las respuestas dadas por la empresa en la Evaluación del Impacto B. El coste de esta revisión, que puede variar entre $2,500-$5,000 USD (dependiendo del tamaño y ubicación de las actividades), corre a cargo de la empresa. Por regla general, y sin existir una declaración dolosamente falsa por parte de la empresa, esta revisión suele derivar en un ajuste en el puntaje. Si este se reduce a menos del mínimo requerido de 80 puntos para la certificación, B Lab otorga 90 días para remediar la situación y facilita a la empresa unas recomendaciones para mejorar la puntuación. Si este proceso revela que la empresa ha realizado una declaración sustancialmente falsa y dolosa respecto de algunos aspectos de su negocio, la certificación como Empresa B queda revocada.

Por otra parte, la empresa tiene que cumplir una serie de requisitos para adoptar el denominado “Marco Legal para Empresas B” del que trataremos en un epígrafe posterior. En el “Acuerdo”, la entidad acepta determinados requerimientos respecto al uso y utilización de las marcas y propiedad intelectual de la que es titular B Lab: Certified B Corporation^MR, Empresa B Certificada^MR, B Corporation ^MR, y/o Empresa B^{MR [45]}. Por otra parte, la empresa acepta que B Lab use su nombre y logotipos con el propósito de promover los intereses de la comunidad de Empresas B y las iniciativas del movimiento que patrocina.

4.1.2. Declaración de interdependencia

Otro documento que debe suscribir la empresa para obtener la certificación es la “Declaración de interdependencia” en señal de respeto al mensaje y a la idea fundamental de las Empresas B. En particular, la empresa se compromete a utilizar el poder de mercado como fuerza de cambio positivo del mundo, con un propósito de bien común que genere beneficios a todas las partes interesadas, estableciéndose como propulsores del cambio mundial en la forma de hacer negocios. En esta declaración, además, la empresa se compromete a divulgar sus ventas y pagar anualmente la correspondiente tarifa.

4.1.3. Jurisdicción y exoneración de responsabilidad

Aparte de otros términos adicionales y apartados que completan el acuerdo para Empresas B, interesa especialmente la regulación contractual relativa a la jurisdicción a la que se somete el acuerdo. En concreto, en el punto quinto titulado “ley aplicable” se especifica que todas las relaciones jurídicas se regirán de acuerdo con las leyes de Pensilvania, estableciéndose así una cláusula de exclusión de jurisdicción al resto. Esta cláusula, al estar suscrita por dos empresas, se considera válida y no está sometida a la normativa que protege a los consumidores en sus relaciones contractuales, pero es importante que las entidades que quieran obtener la certificación como empresas B conozcan que en caso de cualquier conflicto derivado del incumplimiento del contrato o acuerdos suscritos sería de aplicación la legislación de Pensilvania. Igualmente, en caso de reclamación judicial la empresa habrá de acudir a los tribunales de dicho Estado norteamericano, con el elevado coste que esto puede conllevar. Por último, se añade una cláusula de exoneración de responsabilidad por parte de B Lab, salvo conducta dolosa o negligencia grave realizada por ellos, en cuyo caso responderán con la devolución de los honorarios pagados por la empresa.

4.1.4. Pago de tarifas

Una vez que B Lab y la empresa suscriben los anteriores documentos contractuales, el último paso para obtener la certificación de Empresa B es el pago de la primera anualidad. Las tarifas están publicadas en la página web de B Lab y se exponen en la Tabla 1.

Tabla. 1. Tarifa anual acreditación B Corp.

Fuente: Página corporativa B Corp[46]

4.2. Obligaciones societarias

4.2.1.  Modificación de estatutos

La modificación estatutaria en las B Corps se planteó desde el inicio del movimiento B como requisito indispensable, sobre todo como herramienta para legitimar sus acciones sociales y medioambientales, aunque fuesen en contra de la obtención del máximo rendimiento económico por los socios. Los fundadores de B Lab, tras analizar distintos casos empresariales, como por ejemplo el de las empresas Ben & Jerry´s[47] y Whole Foods Market[48], apreciaron que no bastaba con líderes preocupados y comprometidos con el medio ambiente, sino que, para poder crecer, y verdaderamente perdurar en el tiempo, los valores de las empresas tenían que ser parte de su estructura corporativa (Honeyman & Tiffany, 2019:53). En esta línea, B Lab impone a las empresas que quieran obtener su acreditación la necesidad incluir dos cláusulas estatutarias. La primera dirigida a aclarar que para en el desarrollo del objeto social típico de la entidad, tratará de generar un impacto social y medioambiental, y la segunda, enfocada en legitimar a los administradores para que en sus actuaciones tengan en cuenta los efectos de las mismas en los intereses distintos a los de los socios, como son sus trabajadores, clientes, proveedores, la protección de medio ambiente o los intereses de la sociedad, en general.

Los pasos a seguir para llevar a cabo esta modificación estatutaria dependerán del tipo societario del que se trate, pero aparte de la toma del acuerdo por la junta general adoptado por las mayorías necesarias[49], habrá de elevar éste a escritura pública e inscribirla en el Registro Mercantil. Se debe señalar, además, que esta modificación de estatutos sociales hay que adoptarla en un plazo máximo de 90 días desde la obtención de la acreditación B Corp. Pese a ello, B Lab recomiendan hacerlo antes de la obtención de dicho sello, de forma que en el plazo de un año desde la certificación se pueda entregar a B Lab una copia de los estatutos de la sociedad ya modificados. Si la entidad no adopta estas modificaciones en el periodo de tiempo señalado, no podrá volver a certificarse como Empresa B. En caso de cambio de control societario o de una oferta pública de venta de sus acciones (OPA), la empresa debe recertificarse en un plazo de 90 días.

4.2.1.1. Modificación del objeto social para incluir la declaración de propósito

B Lab propone la siguiente cláusula estatutaria para incluir en el artículo dedicado al objeto social de los estatutos sociales: “La Sociedad tiene por objeto […]. En el desempeño de dicho objeto social la Sociedad velará por la generación de un impacto social positivo para la sociedad, las personas vinculadas a ésta y el medioambiente”. De esta manera, se pretende que la entidad calificada como Empresa B amplíe su cláusula estatutaria de objeto social, determinando entre las actividades que lo integran el compromiso imperativo de la consecución de fines de interés general. Cabe destacar, que sin esta ampliación de responsabilidades, la naturaleza capitalista de la sociedad podría ocupar el principal objeto de esta, y por tanto se dificultaría el desarrollo de actividades que fuesen en contra del interés de maximización de beneficios de los socios. Estas reflexiones nos introducen en algunos debates especialmente transcendentes para el Derecho de sociedades respecto al fin o propósito al que se puede dedicar una sociedad en nuestro ordenamiento, lo que nos lleva al controvertido concepto del interés social y a la discusión sobre la tesis contractual o institucional del mismo. Sin ánimo de realizar un estudio pormenorizado de las distintas teorías ampliamente desarrollas por la doctrina jurídica española, nos parece necesario realizar una breve aproximación a ellas que nos sirva para entender las razones por las que B Lab impone la comentada modificación de la cláusula estatutaria sobre el objeto social a las entidades que se quieran acreditar como Empresas B.

La sociedad, como negocio jurídico de fuente contractual y naturaleza plurilateral^[50], desarrolla una actividad económica para la consecución de un fin común que puede denominarse interés social^[51] y que presuntamente es la maximización del lucro o rentabilidad de la empresa en el largo plazo^[52]. Esta presunción relativa, puede verse alterada al introducir estatutariamente la determinación de objetivos distintos a los puramente lucrativos, todo ello gracias a la superación del binomio sociedad – ánimo de lucro[53], sobre el que la doctrina más autorizada se ha ocupado de manera extensa y que hoy en día puede considerarse la tesis mayoritaria[54]. Todo ello, unido a una jurisprudencia suavizadora de la exigencia rigorista del ánimo de lucro[55], admite finalmente que en España el ánimo de lucro no es un elemento esencial en las sociedades y que, por tanto, estatutariamente pueden incluirse objetivos distintos a los económicos.

Una vez superado el binomio lucro – sociedad, aparece un segundo debate relativo a la determinación del interés social, en el cual se discuten quienes están capacitados para escogerlo (ámbito subjetivo) y cuales podrán ser esos intereses (ámbito objetivo). Desde el punto de vista subjetivo encontramos respuesta en la teoría contractualista, en la que el interés social se identifica con la suma de los intereses particulares de los socios[56]. Es decir, los socios, como propietarios de la sociedad, al ejercer su derecho de voto están manifestando sus propios intereses, los cuales al aprobarse por mayoría se convierten en el interés de la sociedad[57]. Además, cabe destacar que esta línea general de pensamiento ha sido reformulada por la doctrina norteamericana identificándola como shareholder value[58]. Si, por el contrario, atendemos ahora al punto de vista objetivo, es decir a los intereses que han de ser protegidos en la sociedad, vemos que existen corrientes que defienden que esta protección no puede ser exclusiva a los intereses de los socios. Nos referimos a la teoría institucionalista[59], en la cual el interés social sobrepasa el interés particular de los socios para la consecución de una mayor eficiencia productiva[60]. Se configura la empresa como una entidad propia con un interés superior y prioritario en el que tienen cabida los intereses de otras partes interesadas como son los trabajadores o la propia comunidad en la que operan[61]^/[62]. De nuevo, observamos que la doctrina norteamericana ha acuñado esta teoría como stakeholder value, es decir el valor de las partes interesadas (proveedores, trabajadores, comunidad, clientes y medioambiente) y su posición en la empresa[63]. Cabe destacar que la atención de intereses distintos a los socios se acentúa cuanto mayor tamaño presente la sociedad puesto que existirá mayor dispersión accionarial; es decir, que a las empresas con mayor tamaño se les podría exigir mayor atención a las demás partes interesadas.

Una vez presentadas ambas teorías, podemos apreciar que en España ha prevalecido la teoría contractualista tanto en la legislación, jurisprudencia y doctrina, frente a la institucionalista^[64]. Además, es destacable que la teoría institucionalista en la práctica recibe críticas por parte de la doctrina al entender que puede propugnar objetivos generales que escapan del ámbito puro del Derecho de sociedades[65]. Existen, en nuestro ordenamiento jurídico herramientas para tutelar esos intereses distintos a los de los socios por otras vías que la societaria, nos referimos a las acciones por incumplimiento contractual, acción de reclamación por daños, Derecho de la competencia, Derecho laboral, Derecho administrativo medioambiental, y cualquieras otras herramientas jurídicas disponibles. Pese a ello, defender una teoría contractualista pura tampoco nos sirve para dar respuesta a la situación societaria actual. Sobre todo, tras la evolución surgida de la publicación de distintos estudios como el Informe Olivencia[66], el Informe Aldama[67], el Código Unificado de Buen Gobierno de 2006[68] en cuya concepción del objeto de la empresa ya se apreciaba cierta transformación “hacer el máximo, de forma sostenida, el valor económico de la empresa”, y en el cual ya se mencionaba la figura de los stakeholders. O tras la crisis económica de 2008, el Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas aprobado el 18 de febrero de 2015[69], en el que ya se aboga por un claro institucionalismo (Sanz Bayón, 2019:504) el cual se continúa en su reforma publicada en 2020[70]. Fruto de todas estas recomendaciones y estrategias en el gobierno corporativo de las sociedades, es evidente la necesidad de que los administradores cubran intereses más allá de la simple maximización de la empresa en el largo plazo. Se aboga, por tanto, por una estrategia de creación de valor en la sociedad que favorezca en el corto, pero sobre todo en el largo plazo[71], de manera que trabajadores, proveedores, clientes, acreedores y demás partes interesadas vean también resarcidos sus intereses al significar esto una mejora en la marcha de la sociedad. Es por ello, que en España se habla de una teoría contractualista con matices institucionalistas[72]^/[73], en la cual encontramos numerosas luces y sombras por parte del legislador que en ocasiones ha obligado a ser precisado por los tribunales para adecuar el derecho al hecho^[74].

Por todo lo expuesto, podemos señalar que nos encontramos ante un modelo de gobierno corporativo con integración pluralista de intereses sobre una base voluntaria en los estatutos sociales[75]. Por lo tanto, el fin o misión de una sociedad presuntamente será obtener un lucro para sus socios, aunque siguiendo la teoría contractualista o la doctrina shareholder, se podrá acudir a la modificación estatutaria del objeto social para perseguir otros intereses distintos a los exclusivamente económicos o crematísticos si así viene establecido en los estatutos sociales. Además, este interés social ampliado, representante de la mayoría de los intereses particulares de los socios, gracias a los matices introducidos por la teoría institucionalista podrá perseguir un interés pluralista de una colectividad superior a los socios (los stakeholders). De manera que, una sociedad puede establecer en sus estatutos sociales dentro del apartado del objeto social con precisión y claridad la misión que perseguirá con su actividad económica, con el objetivo de protegerla de aumentos de capital y cambios de liderazgo, tanto en el corto como en el largo plazo[76].

Una última cuestión de interés jurídico a este respecto, aparece al plantear si en el caso de una sociedad titular de una empresa que quiera calificarse como Empresa B, la modificación de la cláusula sobre el objeto social en los términos propuestos por B Lab da a los socios un derecho de separación de la entidad. Recordemos que el artículo 346.1.a LSC establece que los socios que no hubieran votado a favor del correspondiente acuerdo de modificación estatutaria tendrán derecho a separarse de la sociedad de capital en el caso de “sustitución o modificación sustancial del objeto social”. La toma de decisión al respecto no es sencilla. Por un lado, la modificación del artículo de los estatutos que propone B Lab a las entidades que se quieran acreditar como Empresas B no sustituye o modifica el objeto social original, es decir, las actividades que va a realizar la empresa (compraventa de inmuebles, venta al por menor de productos alimentarios, etc.), sino que sólo trata de aclarar que para llevarlo a cabo velará por la generación de un impacto social positivo para la sociedad, las personas vinculadas a ésta y el medioambiente. Por tanto, en principio, parece claro que esto no supone una sustitución o modificación sustancial del objeto social. Pero, por otro lado, hay que tener en cuenta que esta amplitud del interés social puede significar una disminución de los beneficios que obtengan los socios, con lo que puede conllevar un perjuicio económico para estos. La respuesta para esta autora, la cual no puede tomarse sino como una reflexión de limitado alcance, es que una modificación como la propuesta por B Lab, que afecta a el cómo se ha de lograr el objeto social de la entidad, no significa, con carácter general, que los socios tengan un derecho legal de separación, porque esto mismo ocurre en muchas entidades que desarrollan políticas activas en el ámbito de la responsabilidad social corporativa y no les otorga a los socios un derecho de separación. Además, no puede obviarse que el precepto de la LSC aplicable mencionado anteriormente habla de “sustitución” o modificación “sustancial” del objeto social y en opinión de esta autora en la modificación estudiada no nos encontramos ante ninguna de estas situaciones.

4.2.1.2. Ampliación del ámbito de actuación de los administradores sociales

Una vez que se ha fijado que para el desarrollo del objeto social la sociedad debe velar por otros intereses distintos a los de sus socios, parece oportuno habilitar y obligar a los administradores a actuar en consecuencia. En este sentido, la segunda modificación estatuaria que exige B Lab es añadir la siguiente cláusula de estilo en los artículos destinados a regular el órgano de administración: “En el desempeño de su cargo, los administradores deberán tener en cuenta en sus decisiones y actuaciones los efectos de dichas decisiones o actuaciones con respecto a los intereses de (i) los socios, (ii) los empleados de la Sociedad y de sus filiales; (iii) los clientes, proveedores y otras partes directa o indirectamente vinculadas a la Sociedad, como por ejemplo, la comunidad en donde, directa o indirectamente, opera la Sociedad. Asimismo, deberán velar por la protección del medio ambiente local y global y por los intereses de la Sociedad en el corto y largo plazo”.

La función de los administradores es proteger armónicamente el interés perseguido por la sociedad, lo cual al ampliarse más allá del de maximización de beneficios de los socios, no se convierte en una tarea sencilla, pues al ponderar los distintos intereses inevitablemente se estará realizando una designación de recursos del patrimonio a actividades que pueden no suponer un incremento patrimonial para los socios[77]. Por ello debemos considerar que el interés social cumple entre nosotros una función esencial de delimitación de conductas permitidas y prohibidas[78] ya que una conducta opuesta a este podría conllevar sanciones[79], convirtiéndose así en un parámetro de actuación para los propios administradores. En este sentido, en la LSC, se encomienda a los administradores sociales las labores de gestión y representación de la sociedad (209 LSC) y en el capítulo III se desarrollan los deberes de los administradores sociales, entre los que se destaca su actuación diligente y leal[80] en conformidad con el objeto social de la entidad (artículos 225-228 LSC)[81]. Por último, es necesario hacer mención al artículo 204 de LSC en el cual se señalan como impugnables los acuerdos que sean contrarios o lesionen el interés social aún cuando se impongan de manera abusiva por la mayoría[82]. 

4.2.2. Cumplimiento de las obligaciones de la ley de sociedades con propósito que, en su caso, le sea aplicable

Además de los requisitos estatuarios analizados, B Lab como propulsor del fenómeno normativo de las benefit corporations impone como requisito indispensable que las B Corp que se certifiquen en un país con este estatuto jurídico aprobado se constituyan como tales (o adopten el compromiso de hacerlo en el plazo máximo de dos años). Con todo, el sello B Corp es una certificación privada que la fundación B Lab entrega a las empresas que superan la Evaluación B y cumplen los demás requisitos, a partir de la firma de acuerdos contractuales anteriormente analizados. De esta certificación privada, surgen responsabilidades contractuales cuya obligatoriedad está ligada a la propia voluntariedad entre las partes[83], y cuyo incumplimiento derivará en la facultad de resolver el contrato anticipadamente por una de las partes, es decir que, en ese caso, B Lab podrá retirar la acreditación de B Corp.

De manera paralela a esta certificación privada, hay que reconocer los impulsos de B Lab por promover en el plano legislativo, normas o proyectos de ley que asumen en su estatuto jurídico ser empresas con “un beneficio”, “un propósito” o “una misión”. Concretamente, en Estados Unidos se suelen denominar Public Benefit Corporations o Benefit Corporation, mientras que en Latinoamérica se las reconoce como Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) y en Italia son conocidas como Societá Benefit (SB), en Francia como Sociéte á Mission. En España, los propulsores del incipiente movimiento legislativo han acuñado el término Sociedades con Propósito Colectivo (SPC).

Cabe destacar que las distintas denominaciones derivan de una traducción más o menos directa del concepto anglosajón Benefit Corporations, el cual ha sido utilizado como modelo jurisdiccional originario que sirve de base a todas las demás y del que muchas han optado por leves modificaciones tras su traducción del inglés (Zavala, 2013). A partir de esto, podemos observar dos formas de empresas con propósito, unas por certificación privada (Certified B Corp) y otras por tipo legal (Benefit Corporation)[84], de las que derivan distintas exigencias a los poderes públicos[85]^/[86]. Las primeras, las B Corp aspiran a que les “dejen existir”[87], mientras que la segunda tendencia defiende contar con una figura legal, que tipifique esta clase de empresas, las registre y reconozca públicamente la función social que desempeñan en su actividad diaria.

Con ánimo de simplificar la acreditación para las empresas que estén valorando certificarse, B Lab ha elaborado una herramienta online[88] que, introduciendo el país y el tipo legal por el que se configura la empresa, muestra si en ese país existe legislación Benefit Corporation promulgada, y por tanto instará a que adopte tal estatuto jurídico (o que tenga en cuenta que cuenta con un plazo máximo de dos años para hacerlo); o si por el contrario no existe normativa específica, indica los requisitos a cumplimentar por la empresa para certificarse.

Hasta ahora, el número de países que han optado por aprobar leyes sobre benefit corporations es limitado. Cuatro países latinoamericanos[89]: Colombia en 2016, Ecuador y Perú en 2018 y Uruguay en 2021 (Argentina y Chile cuentan con proyectos pendientes de aprobación). En Europa se regulan en Italia desde 2015 y Francia desde 2019. En África está regulado desde 2021 en la República de Ruanda. Por su parte en Canadá, la provincia de la Columbia Británica desde 2020 tiene una ley de este tipo. Sin embargo, es en Estados Unidos de América donde el fenómeno de la regulación legal de este tipo de entidades está más desarrollado con diferencia, 37 de los 50 estados de EE.UU. [90] cuentan con una ley especial para las benefit corporations (y existen actualmente 4 proyectos de ley) ^[91]. Aunque no hay total similitud en las regulaciones de cada estado, todas las leyes responden en mayor o menor medida a la corriente general marcada por B Lab y a su modelo de legislación Model Act Benefit Corporation Legislation^[92]. Esta ley modelo, en particular, exige que los estatutos, funcionamiento y actividades de las benefit corporations cumplan las siguientes condiciones:

–          las sociedades han der ser empresas comerciales (business corporations), profesionales o cooperativas que tengan un ánimo de lucro reconocido § 201.

–          los estatutos sociales han de definir en el objeto social un interés de beneficio e interés público, dirigido a los stakeholders y con un “propósito o misión” [93]§ 102 y §103.

–          han de publicar un Annual Benefit Report, aunque con distintas exigencias de auditoría y transparencia según el país en el que se regule § 401(c).

 

A continuación, en la tabla (Tabla 2) se exponen los resultados de un análisis comparado de las regulaciones benefit corporations existentes en el mundo. Para ello, la autora ha partido de la legislación modelo aportada por B Lab, e identificando sus características principales, como pueden ser las formas jurídicas que pueden adoptar estas sociedades, la misión o propósito al que se comprometen, si ese propósito o misión está sometido a evaluación de terceros ajenos a ellos, si el informe de impacto ha de estar auditado o/y el grado de transparencia del mismo, si existen sanciones por incumplimiento del propósito y si en el país estudiado se ofrecen subvenciones o ayudas públicas para las sociedades que adopten este estatus; se han ido comparando entre sí según la configuración legal adoptada en cada país. Cabe destacar, que salvo en el caso estadounidense (que veremos a continuación), se han estudiado todas las legislaciones benefit corporations existentes en el mundo a fecha del estudio (diciembre, 2021).

 Por último, antes de dar paso al análisis de la Tabla 2, es necesario detenerse en el caso estadounidense, región del mundo que destaca por ser el origen de este fenómeno tanto en el plano privado (certificación B Corp) como en el público (regulaciones benefit corporations). Pese a que la mayoría de estados de esta región han adoptado un estatuto jurídico parecido al propuesto en el Model Act Benefit Corporation Legislation por B Lab, existe un segundo modelo, adoptado en cinco estados (Colorado, Delaware, Kansas, Kentucky y Tennessee) que presenta diferencias sustanciales con la propuesta por la fundación privada[94]. Por ello, para estudiar el caso americano, la autora ha decidido analizar el Model Act y legislación del estado de Delaware[95] como ejemplo de los dos modelos encontrados.

Tabla. 2. Comparativa regulaciones benefit corporations.

Fuente: elaboración propia

En primer lugar, procedemos a realizar un estudio general de la Tabla 2, a partir de la cual podemos observar que las regulaciones benefit corporations presentan numerosas similitudes, ya que todas parten del modelo aportado por B Lab. Así mismo, todas nacen para dar respuesta al cuarto sector, es decir a empresas que buscan un ánimo de lucro (con la misma intensidad con la que se comprometen con otros objetivos), con lo cual en ninguna de estas tienen cabidas las sociedades de tipo no lucrativo. Es por eso, que en muchas de las regiones estudiadas se excluyen las cooperativas, ya que tanto en Colombia[106], Ecuador[107] y Perú[108], estas se configuran como sociedades sin ánimo de lucro. Además, vemos que tampoco pueden configurarse las cooperativas como benefits corporations en Delaware, Columbia Británica, Uruguay y Ruada; estados o regiones en los que se configuran siguiendo un modelo asociativo distinto a las sociedades comerciales. Por lo que respecta a la misión, todas las legislaciones persiguen objetivos sociales y medioambientales; ampliándose estos en Columbia Británica y Delaware, donde se añaden preocupaciones ligadas a mejorar la comunidad en la que operan y en Colombia e Italia, donde además de todos los mencionadas se pretende también cubrir aspectos favorables a sus trabajadores. Con relación a la medición del impacto generado, es destacable que salvo en Delaware y Ruanda, se exige que sea evaluada anualmente por un tercero independiente a la empresa. Mientras que hay países que van más allá requiriendo de una auditoría por un organismo autorizado del informe de impacto anual como es el caso de Colombia, Ecuador, Perú, Italia y Francia. En materia de transparencia, en la mayoría de países se exige la publicidad del informe de impacto tanto internamente (entre sus socios), como externamente (poniéndolo a disposición del público general en su página web y facilitando una copia en el registro administrativo correspondiente).  Siguiendo con la comparación general podemos destacar que exclusivamente aparecen sanciones pecuniarias ante el incumplimiento del propósito adoptado por la empresa en Colombia y Francia. Por último, Colombia es el único país en el que se establecen ayudas, subvenciones y preferencias en la contratación pública para este tipo de sociedades, sin perjuicio de que en Ruanda está pendiente de regularse por orden ministerial.

En segundo lugar, si nos detenemos por continentes, podemos atisbar reflexiones interesantes. Del panorama norteamericano vemos que los dos modelos analizados presentan similitudes y diferencias sustanciales. Respecto a sus similitudes, señalar que ambos modelos buscan un objetivo o propósito parecidos, encaminados a buscar un impacto positivo en la sociedad en la que operan a nivel social y medioambiental. Mientras que, si analizamos sus diferencias, en Delaware se añade public en la denominación, se excluyen las cooperativas[109] y se presenta un modelo más permisivo para la empresa en sí y menos transparente, ya que carecen de la obligación de realizar un informe de impacto anual (exclusivamente les obligan a informar bianualmente a sus accionistas sobre la consecución o no del objetivo marcado), ni por tanto tener que publicarlo. En cambio, en América del Sur las diferencias entre las distintas legislaciones se presentan más sutiles, siendo Colombia el país que presenta mayores exigencias para las sociedades que quieran constituirse según esta figura[110], aunque también es el único país que ofrece beneficios, como el acceso preferencial a líneas de crédito públicos o un tratamiento fiscal favorable de los dividendos repartidos entre los trabajadores en el impuesto de la renta personal de estos, entre otros (Artículo 2.2.1.15.2 RD). Para terminar esta parte, mencionar que en el continente europeo salvando que en Francia legalmente se enumeran las sanciones por falta de incumplimiento el informe de impacto, las legislaciones son muy parecidas.  

Por último, para finalizar este epígrafe sobre Derecho comparado cabe señalar que la gran mayoría de ordenamientos del mundo no han considerado oportuno regular legalmente a las benefit corporations o figuras asimiladas, destacando la ausencia de regulación en Australia[111] y Canadá[112], entre los cuales suman casi un 20% de las B Corp mundiales. Con menor presencia, pero igualmente significativos los ejemplos de Portugal[113] y Suiza[114]. En España[115] existe un incipiente movimiento legislativo que desde B Lab Spain se está fomentando con la publicación del Libro Verde (Molina, 2021), y la firma a favor del manifiesto de las empresas con propósito por más de 30.000 personas, que se espera que continuará con la creación del Libro Blanco en el que se redactará un primer proyecto normativo de empresas con propósito en España[116].

5. Consideraciones finales

En este estudio se ha realizado una aproximación a las empresas B, un movimiento social y medioambiental que se extiende por todo el mundo, que cuenta en la actualidad (diciembre, 2021) con 4.449 entidades acreditadas, presentes principalmente en EE.UU. (1.611), Latinoamérica (1.100) y en Europa (1.146 de las cuales 114 son españolas), con un crecimiento exponencial de más del 30% en los últimos tres años. Estas empresas han obtenido el sello de «B Corp», tras superar la prueba de certificación «Evaluación del Impacto B», que mide el triple impacto de la empresa (social, medioambiental y organizacional) desde cinco perspectivas diferentes: gobernanza, trabajadores, medio ambiente, comunidad y clientes. Este proceso, metódico y complejo, se configura como una de las mejores herramientas existentes para medir el impacto de una empresa.  Contrario a lo que pueda parecer, los 80.0 puntos (80 de 200) mínimos que se requieren para continuar en el proceso suponen un gran esfuerzo para las empresas, que se evidencia al constatar que únicamente consiguen certificarse un 12% de las empresas que inician esta evaluación. Sin ir más lejos, para que Danone consiguiese formalizarse como B Corp en 2020, tuvieron que adoptar un compromiso firme de utilizar energías 100% sostenibles en todas sus fábricas.

El análisis legal realizado pone de manifiesto que las B Corp, al incluir estatutariamente en su realidad corporativa fines distintos a los fiduciarios y al comprometerse al cumplimiento de un doble propósito económico-social, en realidad están configurando un interés societario amplio en su objeto social ligado a distintos stakeholders; con lo que requieren de un ordenamiento jurídico en cuyas sociedades se puedan registrar tales modificaciones estatuarias. En España, esto se permite al encontrarnos con una teoría contractualista con matices institucionalistas, en el que gracias a la integración de la creación de valor y los intereses pluralistas de las partes interesadas se pueden introducir disposiciones estatutarias que regulen un interés social amplio (y no exclusivamente lucrativo). De esta manera, para convertirnos en B Corp tendremos que realizar dos modificaciones estatutarias, una dirigida a ampliar el interés de la sociedad (búsqueda de beneficios sociales, medioambientales y económicos) y una segunda modificación que permita la actuación del administrador social de acuerdo con ese interés social ampliado. 

Como puede verse, las B Corp son empresas que han decidido acudir a esta certificación privada para acreditar que persiguen unos objetivos más allá de los puramente económicos.  Entre ambas partes, una vez cumplimentadas las pertinentes obligaciones societarias (modificaciones de estatutos sociales) y contractuales, existirá un contrato privado que regirá la actuación de ambas; y cuyo incumplimiento podrá derivar en la pérdida del propio sello B Corp. Ante esto, en el último año, la propia B Lab da un paso más, añadiendo una nueva obligación en la que las empresas B Corp que se encuentren domiciliadas en un estado en el que exista una ley benefit corporations, tengan que adoptar este estatuto jurídico para poder certificarse privadamente. De la comparación de ambas figuras, nace la última parte del trabajo en la que se realiza un análisis comparado de los distintos ordenamientos benefit corporations existentes en el mundo, los cuales a parte de en los 37 estados de EEUU, podemos encontrarlos en otros siete países, lo cual no corresponde ni al 0,05% de países mundiales. A partir del estudio comparado de las legislaciones benefit corporations, podemos observar que, salvando alguna característica propia, todas presentan numerosas similitudes, lo cual, seguramente se explique por la dirección encomiable ejercida por B Lab en todos los ordenamientos. Entre las similitudes más importante podemos destacar en primer lugar el carácter comercial y ánimo de lucro, lo cual excluye automáticamente la figura de las cooperativas en los países que están se establecen como sociedades sin ánimo de lucro, como es el caso de Colombia, Ecuador y Perú. En segundo lugar, el propósito o misión fijado estatutariamente, el cual responde a cuestiones sociales y medioambientales, lo cual se extiende en algunos países más aún persiguiendo intereses de los trabajadores o la comunidad en la que operan. Su tercera y última similitud más extendida es la elaboración y publicación del informe de impacto anual, la cual se establece también de manera desigual al existir países con mayor o menor grado de exigencia en la transparencia del mismo.  

Para concluir este estudio, es necesario precisar que nos encontramos, por tanto, con dos figuras híbridas entre sociedades netamente lucrativas y entidades de la economía social, sociedades que bien por certificación privada o por regulación pública poco a poco van extendiéndose por el mundo convirtiéndose en dos nuevas piezas clave a responder por el derecho de sociedades.

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